Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordena la admisión de un alumno en un colegio concertado de Sevilla, Las Esclavas. Este fallo enriquece la jurisprudencia que obra ya en poder del TSJA, pero en este caso, el cuerpo de la sentencia, al que ha tenido acceso ABC, pone en cuestión todo el proceso de escolarización que se sigue en la provincia de Sevilla.

Tanto en ésta como en otra sentencia dada a conocer ayer de un colegio en Los Remedios se reconoce que el derecho de los padres está por encima de los criterios de ratio.

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En esta situación a los padres afectados, que son cada año más, no les queda otra salida que el desacato y la desobediencia civil. De hecho ya se ha creado una plataforma de padres dispuestos a no matricular a sus hijos donde dice la Junta que tienen que hacerlo. Se espera, además, que las últimas sentencias provoquen una avalancha de recursos ante los tribuanles durante los próximos meses. La Junta, entretanto se le viene abajo el tinglado, no variará un ápice su política ni establecerá un cauce de diálogo con los padres afectados, tal y como dice la nueva asignatura de Educación y Ciudadanía que tendría que hacer.

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El protocolo 1º del Convenio europeo de derechos humanos y libertades fundamentales, que asegura el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, obliga a respetar el derecho de los padres a que la educación de sus hijos sea conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas, en las que el citado Tribunal incluye todo tipo de convicciones relevantes, también las de orden pedagógico (y así lo ha explicitado luego el artículo 14 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea, que el nuevo Tratado de Lisboa quiere reconocer con rango de tratado).

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Pues haría bien la ministra en aclararnos en qué norma legal se basa para hacer esas afirmaciones. Uno, que lleva ejerciendo la docencia desde finales de los años 70, ha tenido y sigue teniendo alumnos de la ESO que no cursan ninguna asignatura (porque no aparecen por clase) y a los que, en aplicación de la legislación vigente, se ha de evaluar entre el 1 y el 10. No se les puede calificar como "no evaluados" ni se puede hacer constar en su expediente como "no cursada" ninguna de las asignaturas que de hecho no cursan.

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En 2004 se creó en Chicago el Renaissance Schools Fund (RSF), un fondo dotado por organizaciones patronales para apoyar Renaissance 2010, que es un plan del ayuntamiento cuya meta es crear cien nuevas escuelas públicas de calidad en las zonas más degradadas de la ciudad. Desde que comenzó el proyecto, se han recaudado 44 millones de dólares y se han abierto 55 escuelas nuevas. El RSF da a cada una que se inaugura una subvención de hasta 500.000 dólares para los primeros dos años y medio.

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En el momento en que escribo estas líneas, unos treinta mil padres españoles han tomado esta opción. Su objeción no va dirigida al centro de enseñanza, ni al profesor, ni al libro… sino al atropello de un Estado que pretende erigirse en educador moral de los hijos. Estoy seguro de que Dios bendecirá a estos padres que han decidido declararse en “santa rebeldía” por el bien de sus hijos. No quieren engañarse una vez más, optando por el “mal menor”, porque han entendido ya que cuando el mal menor pasa a ser la opción ordinaria, termina por convertirse en una inexorable cuesta abajo hacia el “mal mayor”. Su resistencia activa está escribiendo una de las páginas más bellas de la historia de la lucha por el bien los hijos, así como de la defensa del principio de subsidiariedad frente a la tiranía de los estados. Y cuando llegue el día de la victoria - ¡que llegará!-, quienes nos hayamos quedado en segunda fila, tal vez hayamos de sentir admiración y agradecimiento; y quizás un poco de rubor y vergüenza…

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